Publicado: 18 de Mayo del 2007
El problema de Santa Anita no tiene cuando acabar. A pesar que ahora Monseñor Bambarén, funge como intermediario de este pleito terrenal, la municipalidad de Lima y los comerciantes de Santa Anita no llegan a ningún acuerdo. Pero muy a pesar de quienes tienen la responsabilidad de este acto, ya sea por parte del municipio o de los comerciantes, lo que llama mucho la atención es que ahora ningún fiscal o juez de familia no ha tomado interés o una acción de oficio en contra de los padres que exponen a sus hijos y que está penado, esto se debe a que los mismos comerciantes han decidido colocar a sus hijos como escudo de fuerza en esta inminente batalla que puede acabar con sangre y que puede ameritar una suspensión del ejercicio de la patria potestad. ¿Pero acaso se ha pensado en esos niños, que muchos de ellos ni siquiera saben a que se enfrentan?
En nuestra legislación Civil, la “patria potestad” se entiende como el deber y derecho que tiene los padres de cuidar de la persona y bienes de sus hijos. Y la Constitución Política ley suprema de nuestro país, consagra en su artículo 6 como deber y derecho de los padres el alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Y a esto sumamos el artículo 74 del código de los niños y adolescentes en la cual exige dar un ejemplo de vida. El bien jurídico que se protege es la vida del menor, pero su exposición amerita casi un acto preparatorio para la ejecución de un delito y de concretarse el mismo, estaríamos hablando de penas privativa de libertad para los sujetos activos (en este caso los padres) no menor de uno, ni mayor de cuatros años tal como lo expresa claramente el código penal.
La reacción del Ministerio Público debe ser inmediata, los organismos defensores de los derechos del niño deben sumarse a este reclamo que es de interés colectivo por tratarse de seres indefensos que no distinguen lo legal ya que su corta edad no les permite. Esperar hasta estas acciones sería muy lamentable, si no se toman las medidas necesarias para evitar trágicos hechos que no sólo pueden causar estragos dolorosos, sino se estaría abriendo una franja para cometer delitos a vista y paciencia de todos siendo el poder judicial, en esta escena, una vez más, un convidado de piedra. E Orcón.
http://www.la-tribuna.org/columnista.php?aut=38&id=1498
El problema de Santa Anita no tiene cuando acabar. A pesar que ahora Monseñor Bambarén, funge como intermediario de este pleito terrenal, la municipalidad de Lima y los comerciantes de Santa Anita no llegan a ningún acuerdo. Pero muy a pesar de quienes tienen la responsabilidad de este acto, ya sea por parte del municipio o de los comerciantes, lo que llama mucho la atención es que ahora ningún fiscal o juez de familia no ha tomado interés o una acción de oficio en contra de los padres que exponen a sus hijos y que está penado, esto se debe a que los mismos comerciantes han decidido colocar a sus hijos como escudo de fuerza en esta inminente batalla que puede acabar con sangre y que puede ameritar una suspensión del ejercicio de la patria potestad. ¿Pero acaso se ha pensado en esos niños, que muchos de ellos ni siquiera saben a que se enfrentan?
En nuestra legislación Civil, la “patria potestad” se entiende como el deber y derecho que tiene los padres de cuidar de la persona y bienes de sus hijos. Y la Constitución Política ley suprema de nuestro país, consagra en su artículo 6 como deber y derecho de los padres el alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Y a esto sumamos el artículo 74 del código de los niños y adolescentes en la cual exige dar un ejemplo de vida. El bien jurídico que se protege es la vida del menor, pero su exposición amerita casi un acto preparatorio para la ejecución de un delito y de concretarse el mismo, estaríamos hablando de penas privativa de libertad para los sujetos activos (en este caso los padres) no menor de uno, ni mayor de cuatros años tal como lo expresa claramente el código penal.
La reacción del Ministerio Público debe ser inmediata, los organismos defensores de los derechos del niño deben sumarse a este reclamo que es de interés colectivo por tratarse de seres indefensos que no distinguen lo legal ya que su corta edad no les permite. Esperar hasta estas acciones sería muy lamentable, si no se toman las medidas necesarias para evitar trágicos hechos que no sólo pueden causar estragos dolorosos, sino se estaría abriendo una franja para cometer delitos a vista y paciencia de todos siendo el poder judicial, en esta escena, una vez más, un convidado de piedra. E Orcón.
http://www.la-tribuna.org/columnista.php?aut=38&id=1498
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